Era una “señora bien”.
Socióloga y presidenta de la organización Missing Children, García Belsunce formaba parte de la selecta comunidad de sesenta y dos familias que vivían en el exclusivo Club Carmel, uno de esos barrios cerrados construidos en las afueras de Buenos Aires y que tanto se multiplicaron en la década de los 90, habitados por gente de altos ingresos que aspiraba a construir minisociedades plagadas de vigilancia y seguridad. Islas sin pobreza, sin mayor contacto con otras realidades.
El domingo 27 de octubre de 2002, recién terminado el superclásico del fútbol argentino en que Boca Juniors le ganó como visitante por 2-1 a River Plate, el marido deMaría Marta, Carlos Carrascosa, volvió a su casa y la encontró tirada en la bañera. La versión que dio el viudo, con el apoyo del resto de la familia, fue que la mujer había muerto al resbalarse y golpearse en la cabeza. La velaron, la lloraron y la enterraron.
Pero había algo que no cerraba.
Las dudas sobre el accidente rebotaron hasta la oficina de Diego Molina Pico, el fiscal de la localidad de Pilar que había estado presente en el velorio y que, dieciocho días después, ordenó la exhumación del cadáver.
La autopsia reveló que la mujer de cincuenta años había recibido cinco balazos en la cabeza y uno más le había rozado el cuerpo. Comenzó entonces a correr el chiste plagado de humor negro entre abogados, forenses y periodistas: “La familia tiene razón: María Marta murió de muerte natural porque, con tantos tiros en la cabeza, es natural que cualquiera se muera”. Así fue como empezó a escribirse uno de los mayores misterios policiales de la historia argentina. Nadie sabía quién había matado a García Belsunce. Por qué. El bucólico paraíso de los barrios cerrados se desvanecía. Con los reflectores de la prensa encima, comenzaron a descubrirse las maniobras realizadas por vecinos, amigos y familiares que quedaron involucrados como sospechosos del encubrimiento de un crimen. Cada revelación complicaba más la maraña. Se descubrió que los familiares habían falsificado el certificado de muerte luego de que dos médicos se negaran a firmar un acta de defunción por “paro cardiorrespiratorio no traumático”. El hermanastro de García Belsunce, John Hurtig, había tirado al inodoro una bala al confundirla con un “pituto”, y su hermano Horacio había exigido a un comisario amigo que le sacaran “a la policía de encima” el día del velorio. La masajista, que tenía su cita semanal con la víctima, limpió la sangre por orden de un médico. Un vecino impidió que la policía entrara en el barrio cerrado. Alguien tapó con un cuadro una pared que tenía manchas de sangre. Incluso se difundió la versión de que el o los asesinos se habían tomado la molestia de llenar con el pegamento conocido como “la gotita” los orificios provocados por las balas en la cabeza de María Marta. El viudo, las hermanas y el hermano, el cuñado, los vecinos… todos se mostraron sorprendidos al comprobarse que García Belsunce había sido asesinada, aunque las pruebas de la violencia ejercida en contra de la víctima en su propia casa eran demasiadas como para sostener la versión del accidente. Apuntaron entonces a un vecino, Nicolás Pachelo, quien reconoció que solía robar en el “country”, pero negó haber cometido el crimen. La prueba que lo salvó fue la comparación de su ADN con las muestras de sangre que el o los asesinos dejaron en el lugar del crimen y que no coincidieron con las suyas. Más allá de los innumerables enigmas que rodearon el caso, la investigación dio un giro abrumador el 16 de febrero de 2004. Casi un año y medio después del crimen, el fiscal Molina Pico denunció que María Marta, su esposo Carlos Carrascosa, su hermanastra Irene Hurtig y su marido, Guillermo Bartoli y dos vecinos del Club Carmel, Nora Taylor y su marido Miguel Enrique Hamilton Taylor, habían participado en la red de lavado de dinero del Cartel de Juárez.
La sombra de los narcotraficantes mexicanos reapareció en Argentina y del modo más inesperado, cuando el escándalo de los negocios armados por Amado Carrillo Fuentes y sus cómplices había pasado casi al olvido.
Molina Pico desechó las pistas de venganzas familiares, vecinales y amorosas. Según el fiscal, la investigación develaba “el potente nervio conductor que une a todos los vinculados a esta trama novelesca. Ingentes cantidades de dinero ilegítimo provenientes de las operaciones que realizó en la Argentina el ‘Cartel de Juárez’ son las que atan conciencias y las que mueven los actos e imponen silencio a los vinculados a este crimen eliminando por banales las hipótesis de raterías, robos y móviles pasionales de toda índole insinuados por los investigados en esta instrucción, y conformando con los relacionados con la causa un verdadero clan o núcleo cerrado juramentados en el silencio”. El fiscal siguió esta línea de investigación a partir de una llamada anónima que lo alertó sobre la relación de siete empresas manejadas por el viudo y su vecino, Miguel Enrique Hamilton Taylor, que siempre daban pérdidas, pese a que con frecuencia recibían millonarias inyecciones de capital por parte de inversores extranjeros que no estaban identificados. En un principio, la posible relación con el narcotráfico le generó temores, pero Molina Pico decidió que denunciarlo de manera pública representaba su propia salvación. En una exposición cargada de ironía, recordó el sonado caso que había revelado el millonario lavado de dólares del Cartel de Juárez en Argentina: “¿A quién tenemos como indagada y procesada como testaferro en estos autos del Cartel de Juárez? A Laura Helena Burgués. Ruego que no nos asombremos. La Sra. Laura, auditora de este grupo mexicano, operó en la Argentina adquiriendo inmuebles y blanqueando dinero del narcotráfico. Laura Helena Burgués es ¡oh casualidad! hermana de (Nora) ‘Pichi’ Taylor”. Laura Helena Burgués, hermana de la vecina de María Marta, era una contadora investigada por supuestos vínculos con el Cartel mexicano. En los informes oficiales aparecía como prestanombres del departamento de Bahía Blanca incautado a fines de 1999, y que formaba parte de la larga lista de propiedades compradas por los narcos. Pocos días después de que Molina Pico presentara su informe, el juez Rodolfo Canicoba Corral, que todavía estaba a cargo de la causa por lavado de dinero del Cartel mexicano, consideró que no había elementos suficientes para procesar a Burgués y la desvinculó por completo de la investigación. El informe del fiscal no hizo más que complicar todavía más el jeroglífico en que se había convertido la muerte de María Marta. La historia había sido seguida en sus más mínimos detalles por la prensa argentina, pero con los posibles nexos con el narcotráfico adquiría interés internacional. El misterio se incrementaba: “Cuando esta Fiscalía habló de un comportamiento mafioso en las actitudes de todos los actores que rodean el asesinato de María Marta estaba respaldada por cuanto el interés económico del conocimiento de secretos, por los que pudo ser sancionada María Marta, eran suficientemente poderosos como para mover sumas ingentes de dinero para comprar conciencias, testigos, abogados, funcionarios y todo el abanico de posibilidades que el dinero del narcotráfico y el lavado del Cartel de Juárez puede conseguir. ”Así, por violentos y tenaces lazos de fuertes operaciones económicas ilegítimas y cuantiosas, se puede lograr no solo la ‘omertá’, el tradicional silencio mafioso, sino el vuelco aún de las personas que no estaban originalmente en el ‘ajo’ pero que paulatinamente, por temor o por mucho dinero fueron engrosando las filas de los encubridores”. Las 230 páginas del documento describían los angustiantes últimos minutos de vida de una mujer que quedó ligada a uno de los más poderosos carteles mexicanos, en una intriga plagada de suspenso y digna de alguna película de Hitchcock.
Con los peritajes en la mano, se pudo saber que ese domingo 27 de octubre María Marta llegó a su casa pasadas las seis y veinte de la tarde. Abrió con su llave la puerta principal; subió al vestidor, ubicado en el primer piso; se quitó la ropa deportiva que tenía y preparó el baño que tomaba cada semana antes de que llegara la masajista que la atendía a domicilio. Mientras se cambiaba, escuchó algunos ruidos en la planta baja. Eran voces conocidas, por lo que se puso rápidamente un pantalón color crema y bajó a saludar. “De inmediato –según el informe de Molina Pico–, se generó un rápido enfrentamiento por posibles cuestiones de manejo de dinero ilegítimo o manejo ilegítimo de dinero. El enfrentamiento pronto degeneró incrementando la agresividad y la saña de manera tal que María Marta se dio cuenta del inminente peligro de su vida. La pelea involucró el uso de un atizador, con manchas de sangre, y tuvo un crescendo de violencia tal que en la antecámara recibe un golpe, un ‘tortazo’ diríamos, que le dejó rastros de plata en su cabeza y luego el primero de los seis disparos, el cual acanala el hueso del cráneo, salpicando con gotitas de su sangre las paredes y el cuadro de la antecámara en la que se encontraban. Trató de sostenerse o de aferrarse a algo antes de sucumbir dejando la marca del arrastre de cuatro dedos en la pared. Salpicaduras de sangre, huellas de arrastres de dedos ensangrentados… todo demuestra la desesperación que la invadía en los instantes de su ejecución. ”Ya inconsciente, fue trasladada hasta el baño. Una vez allí, dejaron su cuerpo en el suelo donde, totalmente indefensa, fue sometida a la violencia de los restantes cinco disparos… con el caño del arma pegada a la cabeza para no fallar. Allí, depositada a un costado del inodoro, permaneció perdiendo sangre y masa encefálica. Todos los disparos, casi en el mismo lugar y a quemarropa, los recibió estando viva”. La pista del lavado de dinero como móvil del crimen ya no fue investigada a fondo por Molina Pico porque involucraba casos federales que estaban en marcha en otros juicios. Además, el fiscal consideró que tenía el hecho concreto: un asesinato, crimen que para ser elevado a juicio, no siempre necesita un móvil. El 11 de julio de 2007, Carrascosa, el marido de María Marta, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por encubrimiento, pero el 18 de mayo de 2009 se cambió la pena a cadena perpetua por “homicidio agravado por el vínculo”. Si el marido fue de veras el asesino, nunca se conocieron los motivos. Durante el juicio, consignan los autores del libro No somos ángeles, la actitud del acusado oscilaba entre la tensión que le provocaban las preguntas de Molina Pico y la tranquilidad con la que respondía a sus defensores, hasta el día en que tuvo un acto fallido y peligroso. –¿Perteneció al Cartel de Juárez? –le preguntó en una de las audiencias su abogado, Diego Ferrari. –No –respondió seguro el viudo. –¿Tuvo negocios ilícitos? –insistió el letrado. –Siempre –aseguró Carrascosa. Hasta los jueces se rieron al ver la cara de pánico que defensor y defendido pusieron ante el acto fallido. –No, perdón, siempre hice negocios lícitos en la Bolsa de Comercio –se enmendó”.[1] Las sospechas, conjeturas y especulaciones se apoderaron de una historia que continuó en 2011 con el juicio en contra de Horacio García Belsunce, hermano de la víctima; John Hurtig, el hermanastro; Sergio Binello, el vecino que impidió el ingreso de patrulleros incluso a costa de un soborno; Beatriz Michelini, la masajista que limpió la sangre y Juan Ramón Gauvry Gordon, el primer médico que vio a la mujer. La masajista fue la única que quedó en libertad. Los demás fueron condenados por encubrimiento. Después del enigmático asesinato de María Marta, no pasó mucho tiempo más para que los argentinos volvieran a escuchar sobre las andanzas de narcos mexicanos en su tierra. Pero ahora era más difícil identificarlos, ya que el crimen organizado mexicano se había transformado y los múltiples carteles estaban sumergidos en la sangrienta guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón.
[1] Liliana Caruso, Florencia Etcheves y Mauro Szeta:
No somos ángeles.
Historias secretas al filo de la ley, Buenos Aires, Marea, 2007, p. 46.
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